lunes, 18 de julio de 2016

El fin del Conflicto, cuestión de cálculos sociales.

Actividad 12 Momento 3
Presentado por: Carolina Castillo – Mike S. Muñoz Pérez
 El fin del conflicto, cuestión de cálculos sociales

Mediante distintos procesos el Estado colombiano ha intentado buscar la paz con los grupos alzados en armas, muchos de estos intentos han marcado la historia del país y a su vez de muchos presidentes que invierten gran parte de su mandato en cerrar acuerdos que beneficien al país; al mismo tiempo, estos políticos buscan quedar en la historia nacional como los artífices de la paz. La otra cara de la moneda la tiene el ciudadano de a pie, como los campesinos que poco son tenidos en cuenta y que tendrán que someterse a unos acuerdos a los cuales nadie ha podido tener acceso con claridad. Sin lugar a duda, el adelanto de reconciliación  más importante que ha tenido el país en los últimos 60 años es el que se desarrolla en Cuba desde el 2012, allí se pretende mediante el diálogo y la mediación establecer el fin del conflicto y, lo más importante, el cese al fuego bilateral y definitivo.

Las bases con las que la presidencia inició la negociación están fundamentadas por características propias de la defensa de los más vulnerables, así el gobierno pretende llegar a acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos del territorio nacional. Políticamente la apuesta se centra en marcar una forma de gobernar con un país en paz y con una minimización de la violencia en los diferentes lugares del territorio mediante acuerdos tales como: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, avances en la reparación de víctimas y cese al fuego y dejación de armas. El Estado y las Farc pretenden establecer las reglas que le darán un nuevo desarrollo al país mediante una paz trabajada, pero con vacíos de  fondo que pueden causar problemas a la hora del reintegro de los militantes de las guerrillas a la vida civil.

Como cualquier apuesta política nacional, son muchas las críticas que recibe el proceso de paz. Así los detractores encabezados por el Centro Democrático pretenden boicotear los avances con el fin de desestabilizar los mandamientos de turno y crear un ambiente poco propicio para el posible posconflicto. 

Los puntos que se negocian en La Habana son los acordados tanto por el grupo negociador de las Farc, como por la mesa de trabajo del gobierno nacional encabezada por Humberto de la Calle, ex vicepresidente de la república. Estos puntos son claramente alejados de realidades que aquejan a comunidades vulnerables y que se han registrado a través de los diferentes documentos presentados a lo largo del curso. Lo que se presenta en la Mesa de diálogos  parece más bien un negocio entre las dos partes, donde se abandona la realidad de comunidades colombianas vulnerables, las mismas que tiempo atrás veían en estos diálogos la oportunidad perfecta de cambio y desarrollo social.

Es importante establecer el impacto que generará cada uno de los acuerdos con relación al grado de afectación que estos tengan sobre la comunidad. Por ejemplo en grupos de alta vulnerabilidad como Buenaventura la restitución de tierras, el narcotráfico, la minería ilegal y la reparación de víctimas representan el mayor problema social. Los acuerdos a los que se llegue deben integrar políticas serias que contribuyan al crecimiento agrario y que al mismo tiempo colaboren en la construcción y desarrollo de estas poblaciones.

Restitución de tierras y minería ilegal:

Durante décadas el campesino colombiano ha permanecido en una lucha en contra de las multinacionales que quieren aprovecharse  de las tierras y recursos no renovables del territorio nacional. Las Farc con la excusa de proteger a estos pequeños comerciantes de poblaciones alejadas, inició una serie de mecanismos de extorsión y cobro de vacunas a las multinacionales con el fin de defender al pueblo, con lo que no se contaba, era que con esos dineros la guerrilla financiaba cultivos ilícitos y compra de armamento. Dicho de otra manera, nunca existió tal protección sino que por el contrario estos campesinos y comerciantes fueron obligados a cultivar marihuana, cocaína, entre otras funciones, para poder así alimentar los ingresos de los grupos insurgentes.

Muchos de los pobladores de territorios apartados cambiaron sus cultivos de alimentos por cultivos de droga, los cuales arrojaban más dividendos. Rápidamente el negocio fue lucrativo y al mismo tiempo violento, pues la disputa por los diferentes territorios no se hizo esperar pues los grupos paramilitares y guerrilleros libraron batallas que dejaron centenares de muertos y cantidades incalculables de desplazados, producto de una guerra territorial en donde la sociedad civil estaba en el medio. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) las víctimas del conflicto armado en Buenaventura rodean los 190.000 de los cuales 166.000 son desplazados.

La otra batalla de los territorios más vulnerables se centra en la minería ilegal, esta no es más que el paraíso de las multinacionales mineras que operan sin ninguna consideración ante la minería ancestral y artesanal de la cual derivan su sustento miles de comunidades del territorio nacional. Es claro  que hay que cumplir con las normas medioambientales para ejercerla, sin embargo, de la norma legal a la criminalidad con graves señalamientos de delincuencia organizada, hay mucho que aportar, pues es vergonzoso como el gobierno otorga licencias a diferentes empresas extranjeras generando abuso de autoridad y daños al ecosistema irreparables.

Dadas las circunstancias aquí planteadas, el gobierno y las Farc deben estipular acuerdos que rompan las cadenas de la ilegalidad en cuanto al tema agrario y minero, para así establecer canales que lleven a un mejor aprovechamiento de los recursos. Las Farc proponen reformas agrarias en las cuales se devuelve al campesino sus tierras y se evite la explotación por parte de multinacionales. Valdría la pena que el Ministerio de Minas y Energía y los negociadores de la Habana, revisarán todos estos casos de injusticia social y de clara violación a los más elementales derechos humanos que se están cometiendo con los pequeños y medianos mineros de nuestro país. Adicional a esta situación, es conocido que después del carbón, el níquel y el oro son los recursos mineros que más aportan regalías, pero lamentablemente también están contribuyendo a la peor desgracia de miles y miles de familias de comunidades pobres las cuales están enriqueciendo a grandes emporios.

Actualmente existe una Ley que aporta herramientas de manera importante en la restitución de tierras, La Ley 1448 de 2011 que se encarga de alguna u otra manera de diligenciar los trámites que estén relacionados con los terrenos a nivel nacional. Por todo lo anteriormente mencionado la distribución de tierras es el primer punto a tratar en las negociaciones de paz. 

Participación política:

Durante más de sesenta años de guerra, la Farc han pretendido incursionar en la política nacional con la idea de una propuesta socialista, en la que se deje a un lado todo lo relacionado con capitalismo. Los ideales de este grupo guerrillero se centran en la igualdad y el establecimiento de modelos similares a los de Cuba y el chavismo venezolano. En varias oportunidades este grupo guerrillero pretendió llegar al poder por medio de las urnas, a través del partido Unión patriótica, lastimosamente este partido fue erradicado de manera violenta por algunas alianzas entre el Estado y grupos de narcos, a la fecha no existe claridad de los hechos ocurridos sobre el año 1984 y 1985.

Los diferentes líderes guerrilleros apoyaron sus ideologías con pensamientos marxistas y comunistas, tema que atrajo a gran número de campesinos que poco a poco se sintieron identificados con los discursos de igualdad y de sistemas económicos más equitativos. Bajo estos parámetros las Farc pretendieron durante décadas llegar al poder, pero la brecha siempre se les cerró, limitándose única y exclusivamente a una lucha armada desmedida que cada vez deja más interrogantes.

Con los diálogos en La Habana, nace una nueva oportunidad de participación política por parte de este grupo armado, pues durante las negociaciones se ha hablado permanentemente de oportunidades a líderes de las Farc de pertenecer a organizaciones políticas de manera directa. Ese debate ha causado revuelo dentro de la población, debido a que muchos de esos referentes cometieron crímenes  de lesa humanidad los cuales deben pagar con condenas ejemplares y no con curules en el congreso, según el criterio de muchos. En cuanto a la concepción de las Farc, aseguran que protegerán los derechos de los más vulnerables mediante acciones políticas.

Aún se desconocen los detalles de los diferentes acuerdos para la terminación del conflicto y la participación real de las Farc dentro del ámbito democrático, si bien es un tema al cual se le debe mirar con lupa, muchos colombianos prefieren a las Farc haciendo política en el congreso que matando y cometiendo actos violentos.

Narcotráfico:

El narcotráfico ha marcado la historia del país durante décadas, este es uno de los factores que más ha alimentado el conflicto armado, por consiguiente siempre  aportará en fenómenos como la consolidación de bandas criminales, desplazamiento y delincuencia común. Con la muerte del principal capo de la droga Pablo Escobar, el negocio del narcotráfico pasó a manos de diferentes grupos guerrilleros que vieron cómo la rentabilidad del mismo ofrecía la posibilidad de solventar y financiar la guerra contra el Estado. El poder ejecutivo mediante diferentes intervenciones ha afirmado que las Farc son un grupo narcotraficante, lo que hace que se cuestionen todos los ideales socialistas de los que se sostienen para mantenerse como grupo armado revolucionario. Por otro lado, en La Habana este grupo guerrillero niega su participación directa en el negocio del narcotráfico, pero al mismo tiempo se compromete en una eventual firma de los acuerdos a alejarse de todo acto relacionado con cultivo y comercialización de droga. Si bien este es un punto a favor, el gobierno debe preocuparse por la situación de guerra interna a la que pueden ser sometidas poblaciones como Buenaventura y Chocó, de las que pretenden apoderarse los diferentes grupos que a diario se disputan el rentable negocio.

Se debe combatir el consumo por medio de estas dos entidades: Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas y, Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, para que se encarguen de las labores de salud pública relacionadas con el consumo de droga y de igual forma crear estrategias eficaces para acabar con las personas encargadas del negocio del narcotráfico y el crimen organizado. En estos momentos estos aspectos se concentran en la zona Pacífica del territorio colombiano.

Cabe recordar que según un informe del diario El Espectador, actualmente se están cultivando 69.000 hectáreas de cocaína, un 44% más que hace dos años y se presume que el fenómeno siga en alza, también el Washington Post señala a Colombia como el primer productor mundial de Cocaína.

Fin del conflicto:

Quizás este ítem puede representar la mayor esperanza para muchos pobladores de las grandes ciudades del país, pero para poblaciones alejadas se podría convertir en un problema social de grandes magnitudes, así como la muerte de Pablo Escobar no acabó con el narcotráfico, la firma del fin conflicto con las Farc no terminará con la violencia. Las mal llamadas bandas criminales buscan apoderarse y establecerse en los diferentes territorios del país con el fin de ejercer control en lugares donde el Estado no ha podido ejercer soberanía. Las Farc proponen zonas de concentración donde puedan agrupar a sus combatientes en el posconflicto, situación que ha causado rechazo por parte de los habitantes de diferentes lugares del territorio nacional que ven a estas personas como una letal amenaza. Por el lado del Estado el fin del conflicto es visto como una forma positiva de inversión extranjera que traerá progreso y desarrollo a Colombia.

Todos estos aspectos marcan cambios en dimensiones sociales y culturales, pues cada uno de los ítems planteados tiene consecuencias significativas a cada uno de los diferentes grupos sociales del país. Colombia tendrá que enfrentar un cambio en el que la participación ciudadana poseerá gran valor, pues de acuerdo a la manera en la que actúe frente a las diferentes problemáticas que se presenten en un eventual acuerdo de paz, estas tendrán una mayor relevancia dentro de la sociedad civil.

Las Farc mantienen posturas radicales propias de movimientos socialistas. En cuanto a la dimensión económica el grupo guerrillero exige al gobierno un compromiso en la restitución de tierras donde los más favorecidos sean los campesinos. El grupo guerrillero se compromete a revertir los efectos del conflicto y a que se restituyan a las víctimas del desplazamiento forzado por medio de la devolución de territorios en donde se le vulneraron los Derechos a poblaciones civiles.

La posición del Estado como se ha visto a lo largo del documento, busca solución definitiva en cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos y el financiamiento por medio de acciones violentas, extorsión, secuestro, vacunas, entre otros actuares ilícitos de las Farc. Quizás uno de los puntos más importantes se centra en la elaboración de una reforma agraria que permita al campesino recuperar el campo y así dejar a un lado los cultivos ilícitos, reemplazándolos por programas de agricultura sostenible. El gabinete propone el acompañamiento de organismos locales para la ejecución de planes de restitución con el fin de hacer de este proceso un plan equitativo y justo.

En cuanto a los  acuerdos entre el Gobierno y Farc, se destaca el pacto de erradicación de cultivos ilícitos de manera manual, con el fin de evitar el riego de  glifosato desde aviones pequeños, que causa daños ambientales de consideración, con esta medida se busca proteger el campo y los campesinos de esas zonas. Con el compromiso de los guerrilleros de no atacar a los campesinos el gobierno busca sembrar productos agrícolas en las diferentes regiones del país, buscando posicionar a Colombia como principal exportador agrícola de la región. 

Dimensión social:

Las Farc buscan hacer un reconocimiento de todas las víctimas y lograr esclarecer los interrogantes que tienen estas con respecto a algunos desaparecidos. De igual manera existe un compromiso serio que involucra la desmovilización de menores de edad que aún militan en este grupo guerrillero y que fueron reclutados en contra de su voluntad. El Estado se ha comprometido a brindar apoyo psicológico con ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y formación académica por medio del Ministerio de Educación, con este acuerdo entre las dos partes se espera que no existan más niños en la guerra y que estos tengan protección especial.

Otro aspecto importante en el que se trabajará será en la erradicación de campos minados con el fin de lograr un territorio rural seguro y apto para trabajar, así, las Farc se comprometieron a brindar información de los diferentes campos minados, para que así con ayuda de grupos especializados y acompañamiento internacional se tomen medidas que desactiven estos artefactos que durante décadas han perjudicado a muchos campesinos y habitantes de diferentes regiones de Colombia.

Finalmente, el Gobierno buscará acompañar a la población en proyectos de desarrollo social encaminados a la protección de derechos humanos y al mismo tiempo la construcción de ambientes de paz y reconciliación. Como se puede observar, son una serie de hechos sumamente importantes los que se están discutiendo en La Habana, y que sin lugar a duda son y serán temas que llevarán mucho tiempo por solucionar, pero que bajo un compromiso serio de ambas partes negociadoras se podrá llegar a un término que marque diferencia y sea un ejemplo a seguir no sólo en el ámbito nacional, sino también internacional.













Bibliografía



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